El magistrado, sin embargo, insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que procedan al pertinente control y seguimiento de los actos, adoptando las medidas necesarias para evitar que en el curso de esas manifestaciones se realicen actos que puedan ser constitutivos de delitos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas, o de quienes hayan participado en su ejecución, o de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares. El juez añade que en el caso de que se comentan esos actos se proceda a la identificación de sus autores y se ponga en conocimiento del juzgado.

En su escrito, Calama reitera la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los delitos de enaltecimiento del terrorismo y explica que el derecho penal carece de competencias preventivas en tanto que a la jurisdicción penal le corresponde la persecución de los hechos delictivos una vez que se han cometido.

Además, el magistrado recuerda en su escrito que, el Parlamento Europeo, en su Recomendación 214 de su Resolución de 12 de Diciembre de 2018 pidió a los Estados miembros “que prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme”

“Es evidente”, añade el magistrado, “que corresponde al legislador establecer la norma (penal o administrativa) que, en su caso, dé cumplimiento a esta disposición, sin que el órgano judicial puede proceder a su integración en el tipo penal prevenido en el art. 578 CP mediante una interpretación extensiva o analógica de este tipo penal, conforme prescribe el artículo 4 del Código Penal".