Escrivá se hace acreedor de su candidatura, por su “caótica gestión en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda cuyo objetivo era ‘no dejar a nadie atrás’, y tan sólo es recibida por el 8,04% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España”, por “elaborar un procedimiento tan complejo y unos requisitos tan inmisericordes que tres de cada cuatro solicitudes se están denegando, casi todas por criterios económicos”, por “ser una prestación de Seguridad Social y recaer en los Servicios Sociales de atención primaria y en los ayuntamientos su gestión” y porque “el reflejo de su fracaso son las colas del hambre y el riesgo de que se quiebre la cohesión social”.

La candidatura de Ayuso se sustenta en su “infame gestión de las residencias de mayores en la Comunidad durante la pandemia que supuso el fallecimiento de más de 6.000 personas usuarias”, en su decisión de “impedir el traslado a hospitales de los residentes de los centros geriátricos y por su presunta omisión del deber de socorro”, en su voluntad de “aplicar criterios de selección de pacientes por edad, nivel de dependencia o la discapacidad intelectual en vez de criterios clínicos y de expectativas objetivas de supervivencia, en un intento de no colapsar el sistema sanitario y las UCI”, en el hecho de que sus protocolos de coordinación para la atención de pacientes ingresos en centros residenciales de la Comunidad “han supuesto la diferencia entre morir y poder sobrevivir en un hospital” y en la realidad de “tener los peores servicios sociales de toda España, según el índice DEC, y ser el único gobierno autonómico que no tiene ley de servicios sociales de segunda generación”.

En el caso de Abascal, se señala su “animadversión hacia las personas homosexuales” y su “discurso negacionista sobre la violencia machista”, así como por intentar “reabrir debates que parecían zanjados” y “romper el consenso político en torno a la condena de la violencia machista y la defensa de los derechos de las mujeres”.

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