La plataforma pide al CGPJ que determine si estos cursos “son compatibles con sus funciones en la justicia” y si perturban “la necesaria imparcialidad a la hora de tomar resoluciones sobre personas o entidades que estén relacionadas con estas entidades y despachos”.

Una de las impulsoras de la iniciativa, la abogada Cristina Almeida, explicó esta mañana a las puertas del Consejo que es necesario “aclarar” si la participación en estos cursos afecta a la imparcialidad de los magistrados del Alto Tribunal y si podrían constituir un delito de cohecho como el atribuido a Baltasar Garzón por sus cursos en Nueva York.

Almeida estuvo acompañada de una docena de personas que corearon lemas como “todo huele mal en este tribunal” o “fuera fascistas del Tribunal Supremo”.

El escrito presentado esta mañana asegura además que los magistrados han concurrido “de forma reiterada” en actividades con “ciertos letrados” que han actuado como acusación particular “en algunos de los procesos” que la Sala de lo Penal ha seguido contra Garzón.

La plataforma hace mención directa al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y a los magistrados Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza, Manuel Marchena

El escrito pone además de manifiesto que algunos de los magistrados “desempeñan funciones, particularmente en el ámbito de las empresas privadas o fundaciones vinculadas a las mismas, que podrían constituir una forma encubierta de asesoramiento jurídico, completamente prohibido”.

La plataforma pone por último de relieve las “generosas aportaciones” que las asociaciones de jueces reciben “por parte de entidades de crédito” para la celebración de sus congresos.