En un encuentro con periodistas en el Congreso de los Diputados, el exministro de Trabajo y actual portavoz parlamentario de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, defendió las “alternativas” recogidas en las más de 700 enmiendas presentadas por los socialistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012.

Entre estas, destacó la modificación del Impuesto de Sociedades para que las empresas tengan un “suelo” que termine con las actuales “discriminaciones”, por el que pasen a tributar un mínimo del 15% del total de sus beneficios, y la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas que sustituya al Impuesto sobre el Patrimonio, caracterizado por una “escasa capacidad recaudatoria”. Gómez aseguró que el impuesto a las grandes fortunas casi “triplicaría” en su recaudación al del Impuesto sobre el Patrimonio.

Asimismo, desde el Grupo Parlamentario Socialista plantean la supresión de las ayudas de deducción por vivienda en los casos de rentas superiores a 24.000 euros, así como la supresión de la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los socialistas explicaron que en materia de gastos plantean un aumento de 2.055 millones en “gastos productivos”, que incluyen, entre otros, 600 millones destinados a educación, otros 600 en I+D+i, unos 125 en desarrollo rural y en torno a 10 millones para la modernización de las estructuras turísticas.

De igual forma, defendieron el cumplimiento de las previsiones de inversiones del Estado en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Aragón, Extremadura y Castilla y León, y que se mantenga el fondo para municipios de menos de 20.000 habitantes.

La portavoz parlamentaria de Administraciones Públicas del PSOE, Meritxell Batet, apostó también por una subida de la tasa de reposición de funcionarios del 0 al 10%, y del 10% al 30% en el caso de los colectivos “prioritarios”, que irían para materias como sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia e investigación.