La APCE considera que este fenómeno y los beneficios ilícitos que acarrean las apuestas deportivas “amenazan el orden público y la preeminencia del derecho”, según se recoge en un comunicado de la institución con sede en Estrasburgo (Francia).

La Asamblea ha dictado una resolución que hace un llamamiento a los gobiernos para que prohíban “las apuestas sobre las competiciones más vulnerables a las tentativas de corrupción”. La resolución especifica en este sentido “las competiciones reservadas a los menores, las competiciones de aficionados” y señala a deportes como el fútbol.

El organismo también ha solicitado a los gobiernos que trabajen con los operadores de las apuestas para poner en marcha procedimientos de detección de pujas sospechosas. En base a estos elementos y al hecho de que sólo diez países de todo el mundo tienen una legislación que penaliza los fraudes deportivos, la APCE pide a los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que “adapten sus marcos legislativos” en esta materia.

De forma complementaria, la Asamblea del Consejo de Europa considera que las federaciones deportivas internacionales deberían actuar de forma coordinada para luchar contra el amaño de partidos, así como prohibir a los deportistas y dirigentes participar en las apuestas en las competiciones en las que participen.

Las federaciones nacionales, por su parte, deberían “examinar de forma habitual las decisiones adoptadas por los árbitros y jueces sobre el terreno”.