Según informó este jueves en un comunicado, también ha solicitado información de otros casos similares que se hubieran podido producir en aquella Comunidad Autónoma.

En concreto, el Defensor ha pedido conocer “las medidas adoptadas o que se puedan adoptar por parte de esa Administración para la efectiva protección de la menor y su familia, singularmente en el ámbito docente y educativo, así como los términos en los que hubiera acordado el ejercicio del derecho instando en aplicación de la legalidad vigente y la jurisprudencia en materia de utilización de lengua vehicular en la enseñanza. Tanto en este caso concreto como en otros supuestos similares que se hubieran podido plantear en el ámbito competencial de la Consejería de Educación”.

Ángel Gabilondo ha transmitido a la consejería su “preocupación” por la situación en la que se encuentra esta familia tras haber adquirido firmeza la sentencia Tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano.

El Defensor ha señalado que “el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún si este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitarlos”.