Llop se pronunció de esta forma en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en la que fue preguntada por las reticencias que está planteando la Generalitat para cumplir la sentencia de 25% de clases en castellano, cuya ejecución han pedido ya una familia de Canet de Mar (Barcelona) y otras de distintos puntos de esta comunidad.

La ministra señaló que esta sentencia “se tendrá que ejecutar, pero todavía hay un plazo”. Explicó que desde que el Gabinete de Pere Argonès reciba un requerimiento judicial al respecto tendrá dos meses para “hacer alegaciones” y aplicar luego lo referido a las clases en español.

“SITUACIÓN DE ACOSO”

Añadió que es sólo una “hipótesis” que la Generalitat no va a cumplir la sentencia y que hay que ver “qué pasos va dando”, tras lo cual deberá fijar posición la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. En todo caso, insistió en que “las sentencias se tienen que cumplir” porque en España “somos un Estado de derecho.

No obstante, se refirió a que la nueva ley educativa impulsada por este Gobierno, la Lomloe, permitirá que en los territorios donde hay lenguas cooficiales las mismas sean usadas “al mismo nivel y con las mismas exigencias” por parte de los estudiantes.

Preguntada sobre si el Ejecutivo no ha dado el suficiente apoyo a la familia de Canet de Mar, Llop señaló que desde La Moncloa se rechaza cualquier “situación de acoso”. No obstante, indicó que también han puesto de manifiesto que la Constitución reconoce que en autonomías como Cataluña donde hay dos idiomas oficiales y que se deben usar ambos.