Gómez compareció en rueda de prensa en el Congreso tras conocerse el acuerdo entre Gobierno y ERC sobre la Ley Audiovisual que deriva en el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado en su trámite en el Senado por parte de los republicanos.

En el acuerdo, ERC afirma que “cada año se destinarán un mínimo 15 millones a la producción en catalán, como en el resto de lenguas oficiales, que significa un 15% del 70% de la producción total que el Estado exige a todas las plataformas (incluida Netflix) a través del artículo 117” de la ley.

Preguntado por ello, Gómez expuso que “lo que se plantea es que, dentro de las obras audiovisuales europeas, el 15% de los ingresos que se obtienen en España para el conjunto de la productora, un 70% esté destinado a productores independientes; un 15%, que es donde se relacionan esos 15 millones de euros, esté destinado precisamente por parte de esas productoras de los beneficios obtenidos en España a la promoción de la lengua cooficiales”.

“Ese 15% del 5% de los ingresos que tengan esas productoras en España, hablo precisamente de esa relación, por eso hablaba también de un 70% para producciones independientes, pero ese 15% es el que está vinculado a los beneficios de las productoras en nuestro país, independientemente de donde tengan la sede, y puede coincidir con esos 15 millones”.

El portavoz socialista no habló de cuantías en euros, sino que se centró en los porcentajes pese a que el acuerdo publicado por ERC sostiene que “cada año se destinarán un mínimo 15 millones", porque en este momento, dicen fuentes socialistas, es un “estimado” de los cálculos que se manejan de las producciones anuales.

Al margen de la cuestión de las lenguas cooficiales y su impulso, Gómez puso en valor que la futura Ley Audiovisual que inicia ahora su trámite en el Congreso tiene un “objeto muy potente y amplio” de “convertir a España en un ‘hub’ audiovisual”.

Gómez aseguró que se encontró el equilibrio entre el respeto y la potenciación de las lenguas cooficiales que respalda el Gobierno y la trasposición de la directiva europea sobre esta cuestión y cuya disputa en la interpretación es lo derivó en las diferencias entre Gobierno y ERC.