Además, se modifica el ámbito de voluntariado, ya que la normativa vigente de 1994 se restringía a voluntariado social (marginación y personas o grupos con especial dificultad), y se incorpora un concepto transversal del mismo que abarca acciones de carácter medioambiental, sanitario, cultural, deportivas o de cualquier otro tipo.

Explicó que con esta normativa, el Gobierno regional quiere actualizar la Ley del Voluntariado Social en la Comunidad de Madrid de 1994, que fue una de las primeras leyes autonómicas en esta materia, pero que necesita adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad madrileña.

El objetivo fundamental de esta ley es promover la participación ciudadana y ofrecer mayor seguridad jurídica al voluntario. Se está elaborando teniendo en cuenta las sugerencias, aportaciones y propuestas de los propios voluntarios y de las entidades para poder así dar mejor respuesta a las nuevas necesidades sociales y para promover la cohesión social y económica.

El citado borrador define el concepto de voluntariado, reconoce los derechos y deberes de las personas que ejercen esta actividad, establece el ámbito de actuación de las organizaciones de voluntariado, define quienes pueden ser beneficiarios de la acción voluntaria y establece el trabajo que la Administración autonómica ha de desarrollar para y fomentar el voluntariado.

Se regula, por ejemplo, el derecho de los voluntarios a acordar libremente con la organización los contenidos y condiciones de la actividad a desarrollar, a realizar su trabajo en condiciones de seguridad y a estar asegurados contra riesgos de accidente y enfermedad, o su deber de cumplir la normativa de protección de datos propia del sector en el que colabore.

Además, se reconoce que la actividad de voluntariado podrá complementar pero no sustituir relaciones laborales remuneradas y se recoge su obligación de formar y de asegurar a sus voluntarios.

En la futura ley se hace una mención especial a la Responsabilidad Social Corporativa como una forma de Voluntariado Corporativo y se señala el compromiso de potenciarlo ante la enorme dimensión que este fenómeno ha cobrado en los últimos años y su repercusión en la sociedad.

Por otro lado, el borrador de la futura ley prevé la creación por vez primera de un carné de voluntario que permita la identificación de las personas que realicen esta labor y facilite al mismo tiempo su trabajo, y se regulará la concesión de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, que en ningún caso podrán superar el 50% del coste total del proyecto.

Según González, la principal novedad del texto radica en la inclusión de la idea de libertad que supone el ejercicio de la acción voluntaria como opción personal, altruista y solidaria en el ámbito que cada cual elija, ya sean proyectos sociales, sanitarios, deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza, sin que el voluntario pueda sustituir en ningún caso aquello que le está reservado a las Administraciones públicas.

Según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, en la región hay alrededor de 150.000 voluntarios y más de 1.000 organizaciones solidarias.

Casi la mitad de los voluntarios dedican entre 5 y 9 horas semanales a su acción social.

Las actividades socio asistenciales (35%) y las actividades de prevención y reinserción (25%) son los principales grupos de actividad del voluntariado madrileño.