El texto incorpora cinco enmiendas -del Grupo Mixto, Ciudadanos, Grupo Republicano y Grupo Popular- de las más de 30 enmiendas que quedaban vivas y que no fueron incorporadas en la fase de ponencia, en la que se presentaron 61, así como la transaccional presentada por PP y PSOE, que fue aprobada por 34 votos a favor y dos abstenciones.

El proyecto de ley, procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que fue convalidado por el Pleno del Congreso el 4 de febrero, tiene por objeto reforzar la protección a colectivos vulnerables en las relaciones de consumo, como menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización y con discapacidad funcional , intelectual, cognitiva o sensorial.

En general, aquellas personas que tienen “dificultades” en sus relaciones de consumo por falta de accesibilidad a la información y se encuentran en una “especial situación de subordinación, indefensión o desprotección” que les impide ejercer sus derechos en este ámbito en condiciones de igualdad y que verán reforzada su protección gracias a la figura del consumidor vulnerable, desarrollada a través de la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, de la que este proyecto de ley modifica ocho artículos.

Así lo precisó durante el debate la diputada socialista Marisol Sánchez Jódar, quien se congratuló de que “por fin” se pueda sacar adelante esta normativa que se ha tramitado “conforme a ley, al reglamento de la Cámara y a la legislación vigente y la democracia”, en contra de lo denunciado por los grupos de la derecha, y que, “en ningún momento ataca a la propiedad privada”, tal y como defienden PP, Vox y Cs.

Sánchez Jódar puntualizó que, “por primera vez”, se incluye en la ley “de forma expresa” la obligación por parte de las empresas de prestar los apoyos “necesarios” a los consumidores vulnerables para que puedan comprender “correctamente” el contenido de los contratos que firman.
Además, las campañas informativas o educativas divulgadas por las administraciones deberán prestar “especial atención” a sectores que cuentan con mayor proporción de consumidores vulnerables, como el financiero o el de la energía, y las “especificidades” de los consumidores vulnerables también tendrán que ser tenidas en cuenta por parte de las administraciones a la hora de establecer mecanismos para la resolución de controversias entre el consumidor vulnerable y las empresas.

Con su aprobación, además, se sientan las bases para desarrollos reglamentarios posteriores, con el fin de “reducir las barreras y garantizar los derechos de las personas consumidores vulnerables”, sentenció.

OKUPACIÓN

Entre los aspectos más controvertidos de la norma, cuyo texto inicial, remitido por el Consejo de Ministros al Congreso tras su aprobación en enero de este año a instancias del Ministerio de Consumo, recibió una enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que fue rechazada, destaca la modificación introducida en la disposición final primera con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda, en principio durante el estado de alarma.

Dicho apartado fue recurrido por PP y Vox ante el Tribunal Constitucional al entender que “ampara” la “legalización” de la okupación ilegal y supone un “ataque directo” a la propiedad privada y el “blindaje” de los okupas cuando no ejerzan violencia o intimidación y, en este sentido, el PP pide que la ocupación sea considerada como delito “en cualquier caso” y que se garantice el desalojo en 12 horas para que el propietario pueda recuperar su vivienda, tal y como subrayó su diputada Ana María Zurita, que calificó el proyecto de ley como “otra aberración legislativa a la que nos están acostumbrando los grupos políticos que sustentan al Gobierno”.

A su entender, introduce medidas para “paralizar los desahucios por impago de alquiler y oficializar la ocupación de viviendas”, si bien, entre lo “más sorprendente” del texto, hizo referencia también a que “por la puerta de atrás y sin consenso” ha “metido en el mismo saco del consumidor vulnerable una reforma a las condiciones de la estiba” así como una modificación para que ADIF y Renfe no precisen de autorizaciones administrativas locales para su segregaciones y agrupaciones de fincas.

Por su parte, la también ‘popular’ Carmen Riolobos defendió la relevancia de las 23 enmiendas y el texto alternativo presentados por su grupo y advirtió de que la ley “tiene visos de inconstitucionalidad” y resulta “insuficiente” dado que, según su punto de vista, “no aporta medidas concretas” que se puedan plantear de manera “eficaz” y, además, llega “sin los informes preceptivos”.

Vox retiró casi una decena de las enmiendas que llegaron vivas al debate y no logró sacar adelante ninguna de las cuatro que finalmente se votaron y que denunciaban el “sesgo ideológico” con el que, a su entender, el Gobierno “ha impregnado la norma”, así como también contra la promoción a la ocupación “ilegal” de viviendas. Su diputado Andrés Alberto Rodríguez, al igual que buena parte de los grupos, denunció el “atropello” con el que se ha tramitado la norma y lamentó que no se haya llevado a cabo una “tramitación democrática” que permitiese mejorar la “calidad” de un texto que, a su juicio, “no es una norma cualquiera, sino que tiene gran importancia y trascendencia en la vida de los españoles”.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Laura López aseguró que se trata de un proyecto de ley “muy importante” y recordó que el derecho a la vivienda ya está “protegido” por la Constitución que, dijo, el PP “recuerda cuando le interesa”. Con respecto a la utilidad del Ministerio de Consumo, criticado por Riolobos, afirmó que, en dos años y con una pandemia por el medio, “ha hecho más para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y, en general, de todos los consumidores” que todos los gobiernos que le precedieron, incluidos los del PP que, a su entender, lo que hicieron fue “aumentar su situación de vulnerabilidad al privatizar las empresas y dejarnos hoy con las manos bastante atadas para que la luz y los suministros básicos sean realmente un derecho para todos y para todas”.

Por el Grupo Plural, Concepción Cañadell juzgó “básico” el “dar respuesta” a las “necesidades que puedan sufrir los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad” por distintos factores, pero “siempre teniendo muy presente las competencias de las comunidades autónomas en este ámbito y también las competencias en ámbito local”.

El dictamen de la comisión, que recoge el informe elaborado por la ponencia y las enmiendas incorporadas, será remitido ahora al Senado, donde continuará la tramitación parlamentaria de esta iniciativa.