El tribunal ha aceptado así la petición de la Fiscalía de que los acusados con los que ha pactado sean los primeros en declarar para apuntalar así sus tesis. Villarejo y los principales investigados mantienen su inocencia, pero una decena de los 27 acusados habrían llegado a acuerdos con el Ministerio Público para reconocer los hechos que se les imputan y lograr así condenas menores a los dos años que serían el salvoconducto para no entrar en prisión.

En la pieza ‘Land’, donde se ventila la batalla por la herencia del fundador de La Finca, la principal accionista del grupo inmobiliario, Susana García-Cereceda; su asesor, Francisco Lorenzo Peñalver; y su jefe de Seguridad, David Fernández Aumente, habrían pactado.

En la pieza ‘Pintor’, para el cobro de una deuda mediante extorsión, el abogado Ricardo Álvarez-Ossorio y los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara también han llegado a acuerdos; y en la pieza ‘Iron’, por la pugna entre dos despachos de abogados el exdirectivo del bufete Álvaro Martínez y los dos máximos exponentes del mismo, los hermanos Mario y Francisco Carpintero López, también estarían incluidos entre los que ha pactado. Estos acuerdos deberán refrendados por el tribunal para ser eficaces.

El pasado viernes, la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha rechazado la mayoría de la prueba testifical y documental propuesta por el excomisario José Manuel Villarejo para este juicio.

La Sala que preside la magistrada Ángela Murillo denegó la comparecencia como testigos de los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, y del actual presidente, Pedro Sánchez. Con estas comparecencias, Villarejo pretendía apuntalar su versión de que trabajó para los servicios de inteligencia del Estado y que sus negocios eran conocidos por sus superiores.

Tampoco comparecerán como testigos exministros y ministros como José Luis Corcuera, Fernando Grande-Marlaska, Jorge Fernández Díaz o Dolores de Cospedal; exsecretarios de Estado de Interior como Rafael Vera y José Antonio Nieto; la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y jueces como Diego de Egea o Fernando Andreu. El tribunal entiende que no tiene ningún tipo de relación con lo que se enjuicia.

El tribunal tampoco ha aceptado que declare el exdirector del CNI y enemigo declarado del comisario, el general Félix Sanz Roldán. Por tanto, el tribunal solo ha aceptado incorporar a la lista de testigos a varios mandos policiales (los exdirectores adjuntos operativos Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado o Florentino Villabona, o los comisarios Olivera y Migueláñez), así como el exdetective de Método 3 Julián Peribáñez o el coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí. La Sala demuestra así que tiene el firme propósito de evitar que el juicio se convierta en un espectáculo.