Según informó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la titular de Educación, Pilar Alegría, “se ha puesto en contacto con el consejero de Educación de la Generalitat catalana, Josep Gonzàlez-Cambray, para sumar desde el Gobierno de España cualquier colaboración, toda la colaboración necesaria para evitar que se produzca ningún tipo de acoso en este asunto ni en ningún otro, en Cataluña ni en ninguna otra parte de España y mucho menos en la escuela, que debe ser el ejemplo de la convivencia y las relaciones más cívicas en la educación con nuestros hijos”.

Precisamente, el consejero de Educación visitó ayer jueves el colegio de Canet de Mar donde se implantó la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y los niños de cinco años de educación infantil reciben el 25% de las clases en castellano, y acusó a la justicia de “romper la convivencia”.

Ante los episodios de acoso que denuncia esta familia incluso contra el menor, Rodríguez defendió que “el Gobierno rechaza y condena cualquier tipo de situación de acoso que se haya podido producir en los centros escolares” y también insistió en “condenar y rechazar cualquier tipo de incidente que tenga como secuencia el acoso, la persecución, el riesgo para este menor”.

En relación a esta cuestión que tiene que ver con un “hecho puntual de acoso a un menor en un centro educativo”, la portavoz indicó que Alegría mostró al consejero catalán “la total colaboración, en el ámbito de absoluta normalidad de relaciones institucionales entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, para que desde todos los medios públicos se proteja a este menor, a su familia”.

Ante las críticas de la oposición por la dejadez del Ejecutivo central en este asunto, Rodríguez arremetió contra la formación que lidera Pablo Casado porque “definitivamente, el PP utiliza cualquier asunto para hacer oposición al Gobierno”. “Aconsejaría al PP que no utilice la riqueza de nuestro país en el ámbito lingüístico para enfrentarnos”, aseveró.

Defendió la portavoz que para “este Gobierno las lenguas oficiales del Estado, con su protección constitucional, son un elemento que enriquece, que aportan diversidad a nuestro país y que en ningún momento vamos a utilizar de forma partidista o en la confrontación política”.

En este sentido, la también ministra de Política Territorial remarcó que “todos los niños tienen que salir con competencias en ambas lenguas cuando existen lenguas cooficiales”.