Tráfico. Aprobada la ley del pago exprés de las multas

- Premia el pronto pago con una reducción del 50% de la multa y parte de la recaudación irá a las víctimas

MADRID
SERVIMEDIA

El Pleno del Congreso aprobó hoy definitivamente el régimen sancionador de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, inspirado en los juicios rápidos y que tiene como objetivo fundamental el pago exprés de las multas.

La Cámara Baja tumbó algunas las enmiendas aprobadas la semana pasada en el Senado, como considerar como infracción grave parar en zonas de carga y descarga, en doble fila y aceras, paseos y zonas de paso de peatones, o como muy graves las realizadas por las autoridades si ponen en peligro la seguridad vial.

La norma entrará en vigor previsiblemente el próximo mes de mayo (seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado), salvo en los supuestos favorables para el conductor, como la reducción de casos de pérdida de puntos y la eliminación del permiso de circulación, que no será retirado en ningún caso por las autoridades.

La ley premia el pronto pago de los infractores con un descuento del 50% en el importe de las multas si paga antes de 15 días, por el actual 30%, y las cuantías de las multas serán de hasta 100 euros para las infracciones leves, hasta 200 euros para las graves y hasta 500 para las muy graves.

Al contrario de lo que había propuesto el Gobierno, que pretendía sancionar con 100 euros cuando se circule a sólo un kilómetro por hora más del permitido, finalmente habrá un margen de error en los límites de velocidad, de manera que en la autopista se comenzará a multar cuando se superen los 133 kilómetros por hora.

Llevar inhibidores de radar será penado con 6.000 euros, aunque la norma recoge sanciones de entre 3.000 y 20.000 euros en los casos de hacer obras en la carretera sin autorización, no instalar la señalización de obras e incumplir las normas sobre la autorización y funcionamiento de las autoescuelas.

Si el conductor no paga ni alega en el plazo de 15 días, la sanción será firme en el plazo de un mes y el dinero recaudado con las multas se destinará a la seguridad vial y a las víctimas de los accidentes de tráfico.

MENOS PÉRDIDA DE PUNTOS

Por otro lado, el conductor con cuatro sanciones firmes graves no podrá renovar el permiso de circulación ni vender el vehículo y los agentes podrán inmovilizar el coche a quien no tenga el seguro obligatorio o lleve inhibidores de radar.

Además, la DGT asignará una Dirección Electrónica Vial (DEV) a las empresas, aunque también a los conductores si lo solicitan, y el historial de sanciones se publicará en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (Testra), en lugar de en los boletines oficiales de cada provincia.

La ley reduce los casos de pérdida de puntos de 27 a 19 y estos supuestos favorables para el conductor entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que la DGT devolverá puntos a conductores sancionados por parar o estacionar en el carril bus, circular sin alumbrado cuando es obligado o sobrepasar en más de un 50% la velocidad máxima autorizada.

La grúa podrá llevarse el coche sin ticket en la zona azul o si ha rebasado el triple del tiempo de limitación horaria, el Gobierno tendrá un plazo de un año para agrandar algunas señales verticales, los ciclistas que no lleven elementos reflectantes de noche serán multados con 100 euros y las sanciones pecuniarias prescribirán en cuatro años.

"BARBARIDAD"

El portavoz de Seguridad Vial del PP, Federico Souvirón, fue el más duro en la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, al comenzar su intervención diciendo "no hay acuerdo" y calificar el texto de "barbaridad en términos jurídicos".

Souvirón indicó que la ley "poco tiene que ver con la seguridad vial", sino que, a su juicio, "facilita a la administración la recaudación rápida de las sanciones de tráfico a costa de los derechos y garantías de los ciudadanos. Ahí ni debemos ni queremos estar".

En esta línea, Emilio Olabarría, del PNV, criticó "un cierto regodeo en el derecho punitivo" para reducir los índices de siniestralidad y comentó que la ley "en líneas generales es buena", pero algunos aspectos "rayan" la inconstitucionalidad.

Sin embargo, el portavoz de Seguridad Vial del PSOE, Juan Carlos Corcuera, aseguró que "no se trata de una ley recaudadora. El importe de las sanciones se mantiene e incluso de amplía el pronto pago del 30% al 50%. Es una ley con la que ganamos todos".

(SERVIMEDIA)
29 Oct 2009
MGR/isp