En concreto, O'Reilly ha solicitado inspeccionar los documentos en poder de la Comisión sobre todas las interacciones con los grupos de presión del tabaco en 2020 y 2021, incluidas las solicitudes de acceso público a los documentos relacionados con dichas interacciones, con el fin de obtener una “descripción general de la situación”, según informó la oficina del Defensor del Pueblo Europeo.

Tras recordar que una investigación anterior, que concluyó en diciembre de 2016, determinó que la Comisión no estaba cumpliendo con sus obligaciones y que en julio de este año O'Reilly escribió a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para “recordarle las obligaciones” de dicho organismo en este ámbito, la Defensora del Pueblo puntualizó que, como parte del CMCT de la OMS, la Comisión “se ha comprometido a evitar que la industria tenga un impacto negativo en las políticas de salud pública”.

“Entre otras cosas, esto requiere que la Comisión sea plena y proactivamente transparente sobre las reuniones con representantes de la industria”, advirtió, si bien reconoció que el organismo europeo “ha realizado algunas mejoras desde la investigación anterior del Defensor del Pueblo”.

En este sentido, valoró que sus departamentos de Salud y Seguridad Alimentaria y de Impuestos y Aduanas publican “de forma proactiva” información sobre las interacciones con los representantes de intereses del sector, aunque lamentó que sus otros departamentos no hacen públicos “detalles” sobre reuniones que ocurren entre funcionarios de rango inferior al nivel de directores generales.

La Defensora del Pueblo Europeo dijo esperar que la Comisión proponga medidas adicionales de control del tabaco como parte de su compromiso para lograr una “generación libre de tabaco” en el marco del plan europeo para combatir el cáncer y juzgó “probable” que las mismas “estén sujetas a la presión de la industria”.

“No proporcionar la transparencia proactiva adecuada de cualquier interacción con representantes de la misma podría socavar el escrutinio público completo, que se requiere en virtud del CMCT”, espetó, para agregar que también ha reclamado inspeccionar “cualquier orientación interna” que se haya proporcionado al personal de la Comisión, a la que ha dado un plazo de dos meses para responder.