La declaración señala que “la Asamblea de Madrid quiere mostrar su firme compromiso y apoyo a las más de 383.000 personas con discapacidad de nuestra región, a sus familias y a todas las entidades del movimiento de la discapacidad”.

Tras poner en valor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como “imperativo legal y como garante de inclusión, bienestar y ciudadanía de este colectivo”, en la declaración se señala que “el potencial transformador de esta convención redoblará los efectos de cambio social que necesitan las mujeres y hombres con discapacidad para lograr entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, accesibles, sostenibles y respetuosas con las personas".

Asimismo, la Asamblea de Madrid reconoce el “valioso papel de las familias y del conjunto de entidades del movimiento social de la discapacidad que trabajan cerca de las personas en nuestra Comunidad; un tejido asociativo que sigue cooperando activamente, de forma corresponsable con las administraciones públicas para salvar el bien común”.

“Las personas con discapacidad han de tener reflejo en la Constitución desde un enfoque exigente de derechos humanos, que garantice su inclusión, participación y bienestar, sin discriminaciones ni relegaciones de ningún tipo”, indica la declaración institucional.

Asimismo, se recuerda que la Constitución española de 1978 incorporó expresamente a las personas con discapacidad a su texto, dedicándoles el artículo 49 y se destaca que “hoy en día este texto necesita una renovación, porque ni la terminología empleada ni el contenido están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”.

También se considera necesaria la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en concreto la mención en el artículo 26.

“Esta redacción corresponde también a otra época, en la que no sólo la terminología era diferente, sino también el propio concepto de la discapacidad”, se añade en el citado documento.

Asimismo, se señala que “las reformas propuestas, producto de debates parlamentarios, sociales y académicos previos, con un elevado grado de coincidencia, destierran expresiones hirientes e insostenibles por más tiempo para referirse a las personas con discapacidad -disminuidos y minusválidos- y dota de nuevo contenido con arreglo a los conceptos, valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los derechos y deberes de las personas con discapacidad”.

En todo este proceso, es “fundamental que participen las propias personas con discapacidad, sus familias, las entidades sociales de la discapacidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las administraciones locales, los agentes sociales y los partidos políticos, para avanzar en la defensa, desarrollo y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad”.

Por otro lado, antes de leer este documento, se guardó un minuto de silencio en recuerdo de la escritora Almudena Grandes y el filósofo Antonio Escohotado, fallecidos recientemente.