Según informa COAG, una de las asociaciones agrarias presentes en la reunión junto a UPA y Asaja, en el encuentro participaron también las cooperativas agrarias y la Federación de Industrias de alimentación y Bebidas (FIAB).

Su objetivo fue trasladar a los grupos parlamentarios la “grave preocupación” que tiene el sector ante las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia a las organizaciones interprofesionales y empresariales.

Todas estas asociaciones han dejado patente la situación de indefensión en la que quedan las organizaciones interprofesionales si su papel vertebrador no solo se pone en entredicho sino que también se sanciona su funcionamiento.

Para el sector agroalimentario, su singularidad respecto a otros sectores económicos debe quedar recogida por ley (bien podría ser en la Ley de Economía Sostenible), porque solo así se evitarán expedientes sancionadores “tan desproporcionados e injustos” como los que han recaído sobre el sector, además de proporcionar mecanismos que reequilibren el poder negociador a lo largo de la cadena agroalimentaria.