La asociación judicial indicó que la imposibilidad de reclamar responsabilidades individuales penales “no puede ser excusa para obviar responsabilidades colectivas que debemos asumir como sociedad democrática”.

Los jueces de JpD manifestan que “nada puede justificar que los poderes públicos y los agentes sociales, que tienen la obligación de ayudar a recuperar la dignidad de las víctimas, miren a otro lado”.

Recuerdan que son “más de 200.000 ciudadanos cuya memoria ha sido injustamente olvidada durante años” e instan a los poderes públicos a acometer un “compromiso activo con nuestro pasado, una mirada sin ira pero sin olvidos”, para efectuar una tutela de las víctimas.

JpD indicó en un comunicado que son “exigibles políticas y actuaciones mucho más eficaces y más sensibles” y denunció la “insuficiencia” de la Ley de Memoria Histórica.

Por ello, subraya la necesidad de establecer un plan de la Administración que permita “con agilidad” la localización y sepultura de las personas desaparecidas durante el franquismo.

Además, considera que deben declararse nulas todas las sentencias dictadas por los tribunales y debe reponerse en cambio el nombre de las personas “injustamente condenadas”, ya que “moralmente hace años que la sociedad ha condenado al régimen franquista”.

El comunicado de JpD se produce un día después de que la Sala II del Tribunal Supremo absolviera al juez Baltasar Garzón de un posible delito de prevaricación que le imputaban el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad por iniciar sin competencia legal unas diligencias sobre personas desaparecidas durante el franquismo.