La resolución, aprobada por 183 votos a favor, 116 en contra y 4 abstenciones, no cita expresamente la sentencia del Supremo contra Garzón, pero sí de la preocupación manifestada por Dívar “sobre las recientes manifestaciones de descalificación profesional y grave ofensa personal a determinados miembros de la judicatura, vertidas por algunos responsables de formaciones políticas”.

El texto pone por delante “el respeto indiscutible al derecho a la libertad de expresión que todo ciudadano puede ejercer en todo momento para criticar el contenido de las resoluciones judiciales”.

No obstante, añade: “Se reafirma el respeto y acatamiento que todos los ciudadanos debemos a lo que dispongan nuestros jueces y tribunales, y muy especialmente al Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional de nuestra democracia”.