Según explican las tres instituciones catalanas, la iniciativa responde al aumento significativo de la rumorología en este ámbito, una “auténtica barrera” para la convivencia y la cohesión social y que se ha visto alimentada por los efectos de la actual crisis económica.

La encuesta “Percepción de los ciudadanos sobre la inmigración” del Centro de Estudios de Opinión, publicada en 2011, reflejaba, por ejemplo, cómo la gran mayoría cree que las personas extranjeras reciben más atención por parte del sistema público, a pesar de que hay varios estudios que demuestran los contrario.

En este sentido, la voluntad es facilitar las respuestas y los argumentos a los diferentes actores y a la ciudadanía general para que puedan, al menos, contrastar las informaciones.

Así, las tres instituciones reservarán espacios en los medios de comunicación propios para difundir los mensajes y se coordinarán activamente a la hora de ofrecer formación antirumores a empleados públicos, miembros de entidades y otros públicos estratégicos.