Así lo indicó Carrizosa en una atención a medios delante del Departament d’Educació de la Generalitat después de enviar una carta a este consejero en la que le pide que cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo que exige que el 25% de las horas lectivas en las escuelas catalanas sea en castellano.

Carrizosa le alertó de que si no cumple con una sentencia incurre en un delito de “desobediencia” y, siendo cargo público, puede haber “prevaricación”. Asimismo, criticó que en una democracia occidental se diga a los funcionarios que incumplan la ley, porque supone “una coacción intolerable a los funcionarios públicos” y porque “vulnera los derechos de la mayoría de los catalanes”.

A su vez, lamentó que la Generalitat catalana no acuse a los “violentos” que atacan a los Mossos en las manifestaciones, porque es un “nuevo agravio” a la policía catalana y una “nueva cesión” a los “antisistema de la CUP”, quienes califican de “fascistas” a la policía y de “antifascistas” a los manifestantes “que atacan a la policía”.