Así se pronunció Almeida en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el minuto de silencio a las puertas del Palacio de Cibeles en el acto por Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y después de que la Sala III del Supremo inadmitiese mediante una providencia el recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa al porcentaje de castellano en la Educación en dicha comunidad, refrendando así la obligación de impartir el 25% de las clases en castellano.

El portavoz nacional de los populares consideró que el Gobierno de la nación está “preso de sus compromisos políticos” y a ello atribuyó “la forma indigna de callarse” que tiene frente a un Ejecutivo catalán que dice que incumplirá una sentencia judicial “firme” en “un asunto tan sensible como la educación”.

El problema, apuntó, es que el Gobierno de la nación “permita” todo lo que ocurre con tal de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. “No le importa imponer a plataformas privadas que haya por ley una determinada cuota en catalán, pero se desentiende cuando se trata de la educación de los niños en Cataluña”.

Criticó así que el Gobierno sea “tan irresponsable” y preguntó si alguien imagina que si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso respecto de una sentencia del Supremo dijera abiertamente que no la va a cumplir. “¿Cuál sería la reacción de Sánchez? Saldrían en tromba”, vaticinó Almeida.

Opinó que si Madrid actuase de esta forma no se callaría “de la forma indigna que se está callando frente a lo que está pasando en Cataluña”. Además, con respecto a la propuesta de aplicar un artículo 155 en el ámbito educativo que hizo ayer el líder del PP, Pablo Casado, respaldó “cualquier medida que tienda a restablecer la legalidad en Cataluña frente a un Gobierno como el catalán que desobedece la sentencia del Supremo”.

“No se puede permitir”, avisó Almeida, que un Gobierno autonómico “incumpla gravemente sus obligaciones constitucionales desobedeciendo una sentencia del Supremo”. En este sentido, afirmó que “el 155 no sería necesario si tuviéramos un Gobierno de la nación serio ejerciendo sus competencias”, pero “el problema” es que “no quiere” hacerlo, por lo que “cualquier medida para restablecer la legalidad estaría justificada”.