“Frente a una sentencia firme no cabe debate”, aseguró en los pasillos del Congreso al ser preguntada por la prensa por la resolución del citado tribunal que confirma la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán.

“Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano. Estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes”, zanjó respecto a la obediencia a la justicia.

La ministra también celebró que los Presupuestos Generales del Estado sean “muy buenos”, y señaló que su aprobación demuestra “la capacidad del Gobierno a llegar a acuerdos con una importante representación del arco parlamentario”, que “van siempre en beneficio de la ciudadanía”.

Asimismo, se felicitó de que hoy es un “buen día”, tras alcanzarse un “acuerdo satisfactorio en Cádiz” tras las protestas de los trabajadores del metal.