Llop se refirió a esta cuestión al intervenir en el Pleno del Congreso para defender la partida de las cuentas del año que viene correspondiente a Justicia.

Sobre el crédito de 1,62 millones de euros para becas, explicó que permitirá a juristas preparar oposiciones a las carreras judicial y fiscal, del cuerpo superior de letrados de la Administración de Justicia y cuerpo de abogados del Estado. Destacó que el objetivo de esta ayuda es “favorecer la igual real y efectiva en el acceso mediante la eliminación de barreras de carácter socioeconómico”.

Respecto al conjunto de las cuentas de Justicia, en 2022 se destinarán a este ministerio 2.284 millones de euros: 2.208 millones de euros es la participación correspondiente al Ministerio de Justicia, lo que representa un 11,8% más que en 2021; y 76 millones de euros la correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, que implica un incremento de un 4,2% en relación al año anterior.

TASA DE REPOSICIÓN DEL 120%

Llop explicó que estos fondos respaldan la puesta en marcha de las tres reformas previstas por el Ministerio para conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia que se encuentran en fase de anteproyecto: el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa y el anteproyecto de ley de eficiencia digital.

La ministra detalló las inversiones más relevantes y novedosas, que supondrán, en última instancia, la reducción de la brecha digital, la cohesión social y territorial, la configuración de la Justicia como un servicio público medular en el Estado de bienestar y el incremento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.

Entre las principales partidas presupuestarias destaca la de gastos de personal que, con un incremento del 2,6% para 2022, asciende a1.646,74 millones de euros, lo que representa el 73,3% del presupuesto total del Ministerio.

La ministra de Justicia destacó las mejoras que se van a llevar a cabo en este sentido, con una tasa de reposición del 120% para cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios al servicio de la misma; la creación de 70 nuevos órganos judiciales, la ampliación de la plantilla fiscal en 70 plazas, así como la transformación de 210 plazas de tercera en segunda categoría de la plantilla del ministerio, entre otras.