Serán por lo tanto los 21 vocales del CGPJ, presididos por Carlos Dívar, los que deberán estudiar si hacen efectiva la sentencia condenatoria dictada la semana pasada por el Alto Tribunal contra Garzón en la reunión que tienen programada para el próximo 23 de febrero, según informaron a Servimedia fuentes del Consejo.

Los vocales de la Comisión Permanente, compuesta habitualmente por Carlos Dívar, Almudena Lastra, Margarita Robles, Manuel Almenar y José Manuel Benítez, han tomado en una reunión mantenida esta mañana “conocimiento de la sentencia” y han decidido “encomendar al secretario general la elaboración de la oportuna propuesta de ejecución” de la resolución.

La propuesta del secretario general será estudiada en el pleno que se celebrará el próximo 23 de febrero, según indicaron las fuentes consultadas.

La Comisión Permanente ha adoptado esta decisión a pesar de que el caso de Garzón no se encontraba en recogido en el orden del día de asuntos que iban a tratar los vocales.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 127.7 que “será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los jueces y magistrados”.

JUEZ INHABILITADO

La expulsión de la carrera judicial, que se hará efectiva el 23 de febrero, supone que un funcionario deberá acceder al sistema informático del CGPJ para clasificar la ficha de Garzón como juez inhabilitado.

La sentencia dictada la semana pasada por el Supremo, que condena a Garzón por delitos de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales, especifica el efecto que tiene la separación de la carrera judicial. “La inhabilitación alcanzará al cargo así como a los honores que les son anejos, causando su pérdida definitiva”, señala la resolución.

La condena supone que Garzón, de 57 años, no volverá a ejercer la judicatura y pierde su plaza en la Audiencia Nacional. El condenado si podrá, en cambio, ejercer como abogado.

PLAZA A CONCURSO

El CGPJ, además de hacer efectiva la separación de Garzón de la judicatura, deberá sacar a concurso la plaza del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz de forma interina.

Todos aquellos magistrados que cumplan los requisitos podrán, por lo tanto, presentar su candidatura para hacerse cargo del juzgado del que era titular Garzón.

La decisión de dejar el caso en manos del pleno llega después de que el Tribunal Supremo acordase este lunes archivar por prescripción de los hechos la causa abierta contra Garzón por haber solicitado y obtenido patrocinios por valor de más de un millón de dólares de entidades como el Banco Santander, Endesa, BBVA, Telefónica o Cepsa para la realización de los cursos que impartió en Nueva York entre los años 2005 y 2006.

Garzón se encuentra, además, a la espera de conocer la sentencia en la causa en la que se le acusa de un delito de prevaricación por la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Garzón se enfrentaba en este procedimiento a 20 años de inhabilitación.