Dívar se refirió a este asunto en la Comisión de Justicia del Congreso, donde comparece para dar cuenta de la Memoria de su institución correspondiente a 2010.

Antes de entrar a detallar los datos concretos, el presidente del Supremo se refirió a las críticas que se pueden hacer a los tribunales y a sus resoluciones. Esta referencia se produce en medio de las reacciones que ha suscitado la condena del Supremo al juez Baltasar Garzón.

En este sentido, Dívar señaló que el Poder Judicial español y el Supremo, como su “cúspide”, se ajustan “plenamente a los requerimientos del Estado constitucional y de derecho plasmados en la Constitución de 1978”.

Añadió que a esto ha ayudado la “constante crítica” a la que están sometidas las decisiones judiciales, algo que dijo se corresponde con el libre derecho a la opinión y a la información en una sociedad democrática.

Sin embargo, apuntó que “no se pueden incluir en este ámbito las descalificaciones interesadas que, a partir de la interpretación sesgada de un caso concreto, presentan al órgano judicial (por el Supremo) como defensor de unos intereses ajenos, de uno u otro color, en lugar de analizar, desde el respeto a la decisión judicial, el contenido y el alcance de ésta (sentencia) en la interpretación de las normas que aplica”.

“Esta deslegitimación”, insistió, “de una institución clave en el Estado de derecho como es el Poder Judicial, lejos de fortalecerla, produce unos efectos que son de costosa y difícil reparación”.