Santiago, negociador de Unidas Podemos de la citada enmienda conjunta con el PSOE, aprovechó su intervención en un acto organizado por Podemos con el Partido del Trabajo de Brasil para subrayar, un 20 de noviembre como en el que hace 46 años falleció Franco, “la necesidad de acabar con la impunidad del franquismo”.
Insistiendo en el mensaje que viene repitiendo esta semana, aseguró que “tenemos las leyes para ello desde 1890”, y más aún desde los juicios de Nurenberg a los dirigentes nazis. “No es aceptable decir que el pacto de la Transición descansa sobre la impunidad a cambio de la amnistía”, protestó, preguntando si “vamos a responsabilizar” a amnistiados como Marcelino Camacho o a Marcos Ana de “la impunidad de los crímenes del franquismo”.
“No es cambiar la Transición, ahora estamos mejorando este país”, postuló, defendiendo que estas normas retroactivas no impiden acometer el presente. “Seremos hombres, pero tenemos dirigentes mujeres que hacen dos o tres cosas a la vez”, bromeó, para señalar que el Gobierno puede juzgar al franquismo y a la vez “sacar adelante las agendas sociales”.
Santiago también dio las “gracias a los compañeros de Cádiz que están luchando por un futuro mejor”, desde la premisa de que los derechos se conquistan, no regalan. Y, en general sobre el llamado ‘lawfare’, que fue el tema central del acto, denunció que “los jueces de hoy actúan como los militares ayer”, y hacen un “uso ilegítimo de la ley para paralizar al oponente condenándolo a que se defienda constantemente, o eliminándolo” como a la portavoz de Podemos, Isa Serra, o su exdiputado Alberto Rodríguez, condenado por el Supremo y suspendido como parlamentario por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El portavoz parlamentario de IU denunció que el poder judicial “no tenga recursos” para combatir la impunidad de los crímenes del franquismo y la corrupción del exjefe del Estado, cuando “parece que le sobran” para abrir constantemente investigaciones a Podemos que luego termina cerrando. Y concluyó criticando que “el poder judicial constantemente infiere en el poder ejecutivo y legislativo”, de forma que “las leyes del Gobierno progresista pueden ser invalidadas en esa tercera cámara legislativa en que se ha constituido el poder judicial”.