“Mi abuela ya murió y solo pudo cerrar sus heridas con la muerte, espero que mi madre, que tiene 87 años, pueda cerrarlas antes de morir con la justicia y la reparación, lo único que puede cerrar este tipo de heridas”, dijo en el Alto Tribunal una de las testigos, María Antonia Oliver Paris, cuyo abuelo fue asesinado por los falangistas en Mallorca.

Estos testimonios han sido escuchados en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal celebra contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Josefina Musulén, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, explicó por su parte que su agrupación decidió acudir a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 porque pensaron que era “la única opción” que les quedaba “para que haya justicia”. “Queríamos que se investigara, que hubiera justicia y reparación”, dijo.

Esta testigo explicó que se ha tardado tanto tiempo en acudir a la vía judicial para denunciar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo porque ha habido que esperar a que llegase “la generación de los nietos”, que ya no tienen “el miedo que sentían los padres”.

ABUELOS ASESINADOS

Musulén también tuvo tiempo para explicar su caso ante el tribunal del Supremo que está juzgando a Garzón. La testigo señaló que el 13 de agosto de 1936 los falangistas se llevaron a su abuelo, de la CNT, y a su abuela, en avanzado estado de embarazo.

Cuando los familiares fueron a preguntar al cuartel de los falangistas por la suerte que había corrido su abuela, ya que normalmente se respetaba a las embarazadas, les dijeron que “con el tiro de gracia le habían acertado en la tripa”.

Pero, hace 33 años, encontraron a un antiguo amigo de la familia que les relató que su abuela había sido llevada a un hospital, donde dio a luz antes de que los falangistas se la volviesen a llevar y despareciera para siempre.

“Pudimos saber que mi padre tenía una hermana, llevamos 33 años buscándola”, señaló antes de indicar que, si la vía judicial no prospera en España, se plantean acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

La segunda testigo, María Antonia Oliver Paris, de la asociación Memoria de Mallorca, aseguró que en la isla las “ejecuciones y desapariciones” empezaron el 19 de julio de 1936, al día siguiente del inicio de la sublevación militar. La testigo aseguró que estas ejecuciones se realizaron con “listas preconcebidas” y destacó que se ejercieron contra “la población civil”, ya que en Mallorca no hubo “conflicto armado” y el bando nacional tomó inmediatamente el control.

Por eso, considera que se trata de delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, no pueden prescribir. Oliver Paris dijo que su asociación tiene constancia de al menos 1.600 asesinados en Mallorca.

La testigo señaló que decidieron acudir a la Audiencia Nacional tras ver que este órgano jurídico perseguía “crímenes similares” perpetrados en Argentina y chile. “Los nietos tenemos el derecho y el deber de denunciarlo, son ciudadanos españoles que están sufriendo”, dijo.

22 TESTIGOS

La tercera testigo prevista para hoy, Amparo Salvador Villanova, de la Asociación Forum per la Memoria de Valencia, no pudo finalmente acudir por problemas de salud.

Estas comparecencias formas parte de los 22 testigos que están llamados a declarar en el juicio. De ellos, 20 son miembros de las diferentes plataformas para la recuperación de la memoria histórica que existen en España.

También testificarán los abogados Fernando Maman y Joan Garcés, impulsores de una de las demandas que llevaron a Garzón a abrir una investigación por los crímenes de la dictadura de Franco.

La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía, al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.