Según la ONG, unos 5.200 jóvenes se vieron obligados a abandonar el sistema de protección en 2020 por cumplir la mayoría de edad, “una emancipación temprana que en la mayoría de los casos no se produce de manera ni planificada ni progresiva”.

“Buena parte de estos chicos y chicas no cuentan con apoyo y los 18 años marcan para ellos el inicio de una nueva etapa de desprotección, en la que se pone en riesgo, cuando no se deshace, lo avanzado hasta ese momento", advirtió.

Por ello, defendió que la obligación del Estado de proteger a quienes han estado bajo su tutela se extienda más allá de la mayoría de edad, y reclamó que la transición a la vida independiente “se asuma como una fase más del sistema de protección y que se prorroguen los apoyos necesarios para la plena integración de los jóvenes en la sociedad”.

En cuanto a los 50.000 menores que se estiman en el sistema de protección en España, criticó que las directrices de Naciones Unidas sobre la preferencia del acogimiento familiar se cumplen solo de manera parcial.

“La infancia y la adolescencia que ha perdido el cuidado parental tiene derecho a recibir cuidado alternativo en familias o entornos de carácter familiar, donde los hermanos permanezcan juntos, en los que cuenten con figuras de referencia y donde su opinión sea tenida en cuenta“, reclamó.

También es necesario que “los profesionales estén altamente capacitados y reciban formación continuada con un enfoque de derechos de infancia”, y propuso “una reflexión respecto al concepto de “institucionalización”, identificado todavía con un modelo de actuación tutelar que debe superarse”.

A su juicio, “el concepto de centro de protección debe basarse en su funcionalidad y en el desarrollo de programas individualizados de intervención con niños, niñas y adolescentes para, de esta forma, dejar atrás una consideración desfasada respecto al papel que puede jugar el acogimiento residencial“.

La ONG se refirió además a la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y señaló que seis años después sigue sin desarrollarse en la mayoría de comunidades autónomas.

En su opinión, “esta falta de homogeneidad produce un desajuste entre lo que pretenden ser criterios generales comunes para todo el territorio del Estado y la realidad jurídica dispersa de cada comunidad, que impide completar la reforma del sistema de protección que persigue la normativa estatal“.