La primera testigo, María Martín López, de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos, relató ante el tribunal cómo su madre fue asesinada en septiembre de 1936, cuando ella contaba con seis años.

La testigo, de 81 años de edad y con una marcada afonía, explicó que su madre fue “sacada” de su casa en Pedro Bernardo (Ávila) y fue llevada hasta la vecina localidad de Arenas de San Pedro, donde fue asesinada junto con 27 hombres y otras dos mujeres.

Martín López explicó que además, su padre fue enviado a la cárcel.

“He escrito a muchas administraciones para recuperar el cuerpo de mi madre”, dijo antes de señalar que sabe en qué lugar exacto se encuentra enterrada, en la vereda de un arroyo en la zona de Arenas de San Pedro.

Al terminar esta declaración, el abogado de Manos Limpias pidió la palabra para quejarse por la declaración de la testigo y decir que “el objeto del proceso es determinar si el acusado cometió un delito de prevaricación”.

El presidente del tribunal, Carlos Granados, cortó rápidamente al letrado. “Es el presidente quien determina si las preguntas son pertinentes o no”, le contestó.

DENUNCIA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Tras esta comparecencia, declaró ante el tribunal Pino Sosa Sosa, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas (Las Palmas). Sosa, de 75 años de edad, explicó a los magistrados que, durante la contienda bélica, su padre fue sacado de casa y “apaleado”.

“Nunca he vuelto a saber de mi padre desde que se lo llevaron”, dijo.

La testigo indicó que su madre nunca aceptó la declaración de defunción porque “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba”.

Sosa relató que en diciembre de 2006, ante los fracasos cosechados ante otras administraciones, sobre todo en los juzgados de Los Llanos (Las Palmas), la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia por la desaparición de 500 personas, aunque este número aumentó posteriormente.

Denunciaron en concreto delitos de lesa humanidad y de desaparición forzada.

“Acudimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia, era nuestro deber reclamar, nos dijeron que los hechos no tenían prescripción”, explicó antes de señalar que también ha acudido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“¿Su asociación recibe subvenciones públicas?”, le preguntó el abogado de Manos Limpias, a lo que Sosa contestó con un rotundo “no”.

22 TESTIGOS

Estos han sido los dos primeros testigos del total de 22 que está previsto que declaren a lo largo del juicio. De ellos, 20 son miembros de las diferentes plataformas para la recuperación de la memoria histórica que existen en España.

También testificarán los abogados Fernando Maman y Joan Garcés, impulsores de una de las demandas que llevaron a Garzón a abrir una investigación por los crímenes de la dictadura de Franco.

La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía, al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.