Así lo afirmó el decano José María Alonso en la ceremonia de entrega celebrada este viernes en la sede del ICAM con la presencia del ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, que acompañó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, encargado de recoger el premio.

“La Defensa de la Abogacía es la esencia y razón de existir del propio Colegio de Abogados de Madrid y, por lo tanto, siempre ha sido prioridad para esta Junta de Gobierno, porque la defensa de los defensores y defensoras es la garantía del pleno y efectivo ejercicio de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y del correcto desarrollo del debido proceso”, señaló Alonso en la apertura del acto.

Según explicó, a través del departamento de Defensa de la Abogacía el ICAM recibe un flujo constante de información que le permite contrastar con detalle los datos más relevantes de la situación real a la que se enfrentan a diario los profesionales de la abogacía. Este sistema ha servido como base para crear el Premio de Defensa de la Abogacía, con el que se quiere rendir homenaje a aquellas personas e instituciones relacionadas con el ámbito jurídico que muestran un compromiso sobresaliente en su organización con la defensa de los derechos fundamentales y con la labor que realizan a diario los abogados.

Asimismo, el ICAM se propone el fin de concienciar a todos los operadores jurídicos de que la mejora en la calidad de la Justicia radica en la colaboración y reconocimiento de todos los operadores involucrados en ella, con el objetivo de que siempre redunde en beneficio de sus destinatarios finales, los ciudadanos: “La suma de sinergias nos llevara a que nuestro sistema de Justicia, base fundamental de nuestro estado de derecho, funcione bien”, recalcó Alonso.

En su primera edición, el galardón ha recaído en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por los esfuerzos realizados para facilitar y garantizar la comunicación entre los profesionales de la abogacía y las personas privadas de libertad que se encontraban en los diferentes Centros Penitenciarios. Fruto de la colaboración y coordinación ambas instituciones se logró algo que “inicialmente parecía imposible: habilitar visitas presenciales y en remoto, mediante videollamadas, durante los peores momentos de la crisis sanitaria”.

Como máximo responsable de la institución penitenciaria, el ministro del Interior explicó que su labor “consiste en dotarla de los medios y recursos necesarios para devolver a la sociedad mejores personas de las que eran cuando ingresaron en ella para cumplir una condena”. En este sentido, puso en valor la evolución desde la entrada en vigor de la Ley General Penitenciaria, que “transformó el modelo penitenciario porque sometió al control judicial la ejecución de la pena privativa de libertad y supo diferenciar con precisión y acierto entre el régimen penitenciario y el tratamiento, lo que ha facilitado la implantación de políticas de reinserción que han mostrado, en todo caso, su eficacia”.

Para el ministro, “marco legal, infraestructuras y personal formado y especializado son tres botones de muestra de la enorme transformación que ha experimentado nuestra realidad penitenciaria en estos últimos 42 años”. Un periodo tan dilatado como este, ha continuado, indica que estamos ante un “éxito colectivo que no es patrimonio de nadie, sino fruto del consenso institucional y político labrado entorno al mandato constitucional”.

Por todo ello, agradeció al Colegio de Abogados un premio en el que “quiero ver un reconocimiento no solo al trabajo que realiza el actual equipo directivo sino también el esfuerzo y la apuesta que las fuerzas políticas y sociales hicieron en nuestro país tras la aprobación de la Constitución de 1978”.

Un premio, concluyó, que llega en un momento complejo: “Son tiempos inciertos en los que cada día vemos peligrar los consensos sociales y políticos que nos han permitido progresar durante estas décadas. El cuestionamiento, cuando no la demolición de esos consensos constitucionales solo sirve para poner en peligro futuros y necesarios progresos”.

ASISTENCIA LETRADA

Al recoger el premio, Ángel Luis Ortiz González dio especial valor a quien lo concede: “Si hay un colectivo que conoce bien lo que se hace en las prisiones es el de los abogados y abogadas que cada día visitáis los centros penitenciarios y veis el trato y las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad”. Por ese motivo, recalcó, “este premio tiene una vital importancia”.

Para el secretario general de Instituciones Penitenciarias, “la presencia de un letrado debería ser preceptiva desde el primer minuto en el que una persona ingresa en prisión para cumplir condena”. Según recordó, la Lecrim exige la asistencia letrada desde el mismo momento en el que una persona es detenida, y no es posible realizar ninguna acción relevante durante la fase de instrucción y de enjuiciamiento sin contar con la asistencia de un abogado. Sin embargo, una vez que la persona condenada e ingresa en prisión, desaparece la presencia obligada del abogado, hasta el punto de que las personas internas que no recurren las decisiones administrativas que se dictan pueden cumplir sus condenas sin contar en ningún momento con el asesoramiento técnico y la defensa de un abogado”.

“Estoy convencido de que si preguntáramos a cualquier persona sobre en qué momento de su vida considera más necesario contar con la asistencia y defesa de un letrado, sin lugar a duda la entrada en prisión para cumplir una condena sería uno de ellos”, precisó.