El mando de la Policía Nacional, en su declaración como testigo en el juicio que el Supremo está celebrando contra Garzón, se refirió en este sentido a los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, a los que Garzón imputó en el “caso Gürtel”, si bien posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivó las actuaciones contra ellos.

Olivera aseguró además que, a pesar de la encarcelación de Correa y Crespo, “la estructura exterior” de la trama de corrupción “seguía funcionando” principalmente para “proteger el patrimonio” que tenía tanto dentro como fuera de España.

En ese momento, la UDEF propuso a Garzón intervenir las comunicaciones que mantuvieran Correa y Crespo en prisión porque era la única medida efectiva para combatir el blanqueo de capitales. “Aparte de algún seguimiento y alguna vigilancia, para investigar un blanqueo con muchas conexiones en el exterior, con testaferros y colaboradores, se necesita una intervención de las comunicaciones”, dijo.

GARANTÍAS A LOS ABOGADOS

Olivera dijo en su declaración que no entendió qué significaba en la práctica la cláusula recogida en el auto en el que Garzón ordenaba la intervención de las comunicaciones y que señalaba que se debía preservar el derecho de defensa.

“Le pedí una aclaración y me quedé igual”, señaló el jefe de la UDEF antes de explicar que Garzón les pidió que transcribieran todas las conversaciones y les dijo que él se ocuparía de garantizar el derecho de defensa eligiendo aquellas partes de las conversaciones que debían eliminarse.

El jefe policial señaló además que la trama de corrupción del “caso Gürtel” era una “organización perfectamente instrumentada”, con una “división de tareas” y una “gran penetración en las administraciones públicas”. La actividad principal de esta trama consistía en el “blanqueo puro y duro” del dinero que obtenía “del sector público”.

PENA DE INHABILITACIÓN

Garzón está acusado en esta causa de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.