Esta fue la respuesta que la ministra concedió en la sesión de control al diputado del PP Andrés Lorite, quien acusó al Gobierno de “mentir” al sector del transporte e “imponer” un sistema de peajes que “tortura” a los autónomos, transportistas y ciudadanos.

“No hemos impuesto absolutamente nada. Lo que queremos es iniciar un diálogo transparente, leal y responsable con todos los partidos políticos, aunque visto lo visto ya me imagino que su grupo político no se sumará”, afirmó Sánchez, quien matizó que en ese “debate” también participarán los agentes económicos y sociales, las administraciones y, “evidentemente”, el sector del transporte.

Ante esta respuesta, Lorite recordó a la ministra que el Gobierno remitió un documento a Bruselas en el que se comprometió a introducir un sistema de peajes para el 2022 y aplicarla en el 2024. “Le doy un consejo, deje usted de mentir porque cada día se parece más a su antecesor, al señor Ábalos”, achacó el diputado del PP a Raquel Sánchez.

Asimismo, Lorite acusó a Sánchez de no dialogar con nadie, “ni siquiera con sus socios de Gobierno”, en referencia al tuit que publicó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. “Su antecesor no dialogó con nadie, parece que estaba ocupado en viajes, paradores y contratos a dedo, pero es que usted lo hace exactamente igual”, concluyó.

Ante esta declaración, Raquel Sánchez puntualizó que el Ejecutivo solo incluyó “compromisos relativos a desarrollar” en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para alinear la estrategia de movilidad española a la de la Unión Europea.

En paralelo, echó en cara a Lorite el cambio de posición del PP, ya que, según la ministra, el Gobierno de Rajoy inició una serie de estudios en 2018 para implementar un sistema de peajes. “¿No estaban preocupados entonces por los ciudadanos en un momento en el que se pagaban muchos más peajes?”, preguntó de forma retórica.

Por último, Sánchez recordó que Gobierno ha liberalizado 1.029 kilómetros de autopistas en lo que va de legislatura, lo que se traduce en un ahorro de más de 1.400 millones de euros para los ciudadanos.