Según informó el Gobierno, la decisión satisface la solicitud hecha por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien pidió una copia de estos archivos durante su instrucción del sumario que abrió contra los delitos de la dictadura argentina su predecesor en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, Baltasar Garzón.

Izquierda Unida, personada en la causa, solicitó a Garzón y luego a Ruz una lista de los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina. En consecuencia, este segundo magistrado solicitó a la Embajada en Buenos Aires los documentos que tiene sobre este asunto y los expedientes de las denuncias de desapariciones tramitadas por familiares o descendientes de las víctimas.

El año pasado, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, alegó que esta información había sido calificada de secreta por el Gobierno.

Ahora, en cambio, y pese a que en esta petición hay dos bienes jurídicos enfrentados (la protección de la seguridad del Estado, y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva), el Consejo de Ministros ha considerado que el carácter excepcional del procedimiento y la naturaleza y gravedad de los hechos que se investigan justifican la desclasificación de los documentos.