Según informó el Gobierno, la decisión satisface la solicitud hecha por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien pidió una copia de estos archivos para instruir el sumario que abrió contra los delitos de la dictadura argentina.

Pese a que en esta petición hay dos bienes jurídicos enfrentados, la protección de la seguridad del Estado, y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, el Consejo de Ministros ha considerado que el carácter excepcional del procedimiento y la naturaleza y gravedad de los hechos que se investigan justifican la desclasificación de los documentos.