El Ministerio Público también indicó al jurado que los testigos que comparezcan en el juicio tienen la obligación de decir la verdad, pero señaló que algunos de ellos podrían mentir para “mantener su puesto de trabajo” o “agradar a sus superiores”.

La fiscal anticorrupción Concha Sabadell hizo esta afirmaciones al principio de la vista oral, cuando se dirigió a los nueve miembros del jurado –seis hombres y tres mujeres- para, en un tono didáctico, detallarles las líneas maestras de su acusación, con el objetivo de que puedan así formarse una idea de lo que se va a tratar en el juicio que se está celebrando por los trajes y regalos que Camps y Costa supuestamente recibieron de la trama de corrupción del “caso Gürtel”.

La representante del Ministerio Público comenzó señalando que su departamento busca defender “el interés público” y el “derecho de los ciudadanos” persiguiendo una sentencia condenatoria “sean quien sean los acusados”.

Sabadell aseguró asimismo que Camps y el también acusado Ricardo Costa, exsecretario general del PP en Valencia, “aceptaron regalos en función del cargo público que desempeñaban”.

25 PRENDAS

En el caso del expresidente valenciano, la Fiscalía sostiene que “durante cuatro años”, entre 2005 y 2008, recibió de los presuntos responsables del “caso Gürtel” “25 prendas y complementos” -doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas- por valor de 14.021 euros.

En el caso de Costa, el Ministerio Público aseguró que recibió un total de diez prendas tasadas en 7.325 euros. Agregó que estas dádivas las recibieron en atención a su cargo y les fueron entregadas por parte del presunto cerebro de la trama del “caso Gürtel”, Francisco Correa, su “número dos”, Pablo Crespo, y su representante en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como “El Bigotes”.

El Ministerio Público pide que se condene a Camps y Costa al pago de sendas multas de 41.250 euros por delitos continuados de cohecho impropio.

La fiscal Sabadell, acompañada por los miembros del Ministerio Público Miriam Segura y Jesús Carrasco, recordó a los miembros del jurado que el antiguo jefe de protocolo de la Diputación de Valencia Rafael Betoret y del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, contra quienes también se dirigía la acusación, ya que reconocieron su culpabilidad y abonaron sendas multas de 9.600 euros, por lo que no han sido finalmente sometidos a juicio.