El Supremo, que admite la competencia sobre la querella contra Garzón por estar aforado pero no las presentadas contra los guardias civiles que detuvieron y custodiaron a los terroristas, estima que no existe indicio alguno de la existencia de los delitos que se le imputan.

Según justifica la Sala, "la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal", y de esta forma argumenta la inadmisión a trámite de la misma.

Los querellantes, aun reconociendo que durante el arresto de los terroristas se llevó a cabo el "Protocolo Garzón" con grabación en vídeo de los procedimientos, alegaban que la película adolecía de omisiones de espacios y tiempos y que aparecía pixelada, impidiendo así el registro de las supuestas torturas.