Así lo ha notificado este viernes Mapfre a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) y ha explicado que "la resolución del acuerdo no conlleva consecuencia económica alguna para las partes, y supone que ambos grupos continuarán, como hasta la fecha, gestionando sus negocios funerarios en solitario".

El organismo presidido por Cani Fernandez desveló el pasado 10 de septiembre, y tras un análisis en profundidad de la operación al estimar que revestía riesgos para la competencia, que daba su 'plácet' pero sujeto a un abanico de condiciones que han dado al traste la transacción.

Por un lado, impuso al grupo presidido por Antonio Huertas “eliminar” el 25% que le correspondería en la filial conjunta nueva o, lo que es lo mismo, salir de su capital, además de no poder realizar nombramientos en dicha compañía conjunta y suprimir “la cláusula del contrato entre socios por la que se compromete a contratar los servicios de la entidad resultante”.

Los condicionantes empujaron a las compañías a trasladar que analizarían "las repercusiones y efectos" que tales peticiones comprometían "teniendo presente el interés existente en mejorar los servicios funerarios que vienen prestando en el mercado".

La alianza se remonta incluso tres años atrás, cuando acordaron unir los negocios de Albia, filial de servicios funerarios de Santalucía, con los de Funespaña, perteneciente a Mapfre. Daría lugar, con los números de entonces, a una nueva compañía líder en España y Europa con activos valorados en 322,5 millones de euros, participada al 75% por Santalucía y el 25% restante por Mapfre, que ahora la CNMC le exige “eliminar”.

El organismo de Competencia también demandaba que Santalucía facilitase antes de tres meses la entrada de un competidor en Valdepeñas, cuando la transacción sea una realidad, y imponía otros tres compromisos previamente ofrecidos por Santalucía para allanar la autorización.

Entre ellas figuraba que Santalucía evitase que, cuando fallezca un cliente asegurado, sus allegados sean “automáticamente” dirigidos a la funeraria perteneciente al grupo cuando contactan con la aseguradora por primera vez, favorecer la entrada de rivales en Valdepeñas para evitar la situación de monopolio y enajenar activos, además de garantizar "que la situación previa no empeora”.

La resolución se ha retrasado en el tiempo porque la CNMC abrió un análisis minucioso al observar riesgos de competencia y tras juzgar "insuficientes" los compromisos iniciales que presentaron las compañías para soslayarlos.

Conforme a su investigación, la operación daba lugar "al solapamiento de las partes en los municipios de Valdepeñas y Bilbao y a la sustitución de Funespaña en muchos municipios”, siendo además la filial resultante "monopolista en los mercados mayoristas de tanatorio en 157 municipios; de crematorio en 35, y de cementerio en 14. Además, tendrá con cuotas elevadas en los mercados mayoristas de tanatorio en 217 municipios, de crematorio en 51 y de cementerio en 14”.

A fin de evitar que impusiese sus políticas comerciales o, incluso, las endureciese en detrimento del consumidor, fijó unas reglas, desinversiones y compromisos que han frustrado el cierre de la fusión.