Así lo defendió este miércoles el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las partidas presupuestarias vinculadas a su departamento en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en la que se refirió a los retos de este organismo tras el “tiempo de reflexión” que ha implicado la actual crisis para “pensar cómo utilizar los recursos” con el fin de atender las necesidades que la pandemia “ponía en evidencia”.

Entre los retos también citó mejorar los sistemas de información de los servicios de atención a las personas con adicciones y “estimularles” para que avancen en la interoperabilidad así como impulsar la digitalización de los programas de prevención.

Entre las vías de financiación con las que cuenta para abordar esta problemática, se refirió a los propios PGE, en los que la delegación tiene consignados 15 millones de euros, la misma cifra que en 2021, en la que se contempla una partida de 3,3 millones de euros destinada a transferencias a organizaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas supracomunitarios sobre adicciones desarrollados por ONG de ámbito estatal y alrededor de un millón dirigido a proyectos de investigación a desarrollar por parte de entidades públicas o privadas.

En paralelo, se refirió a la cuantía relativa al Fondo de Bienes Decomisados, que se “nutre” de aquellos bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme cuando provengan de los delitos relacionados con las drogas, y auguró que será “similar” a los 30 millones de euros de 2021, a la espera del cierre del presente ejercicio.

Una vez se incorpora al presupuesto, permitirá a la delegación del Gobierno “intensificar” las actuaciones transfiriendo parte a las comunidades autónomas, corporaciones locales, organizaciones no gubernamentales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Departamento de Aduanas, Fiscalía Antidroga u organismos internacionales con el objetivo de financiar actividades de control de la oferta y reducción de la demanda y el reparto se hará en el primer trimestre del año próximo.

Además, precisó que para 2022 la delegación del Gobierno dispondrá de una “tercera vía” de financiación, en referencia a los fondos europeos, de los que le corresponden alrededor de cuatro millones de euros para ONG, sociedades profesionales y grupos de investigación que trabajan en este ámbito.

Villalbí comenzó su intervención con un “reconocimiento” a todos los profesionales que durante la pandemia han trabajado “de forma tan ejemplar” en este ámbito y que, a su juicio, “han hecho posible y siguen haciendo posible avanzar en mejorar la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, la incorporación social -de estas personas- cumpliendo con los objetivos del plan”.