Según declaró a Servimedia, el reglamento aprobado ayer en Consejo de Ministros “es un paso necesario en la buena dirección”, pero “necesitamos recursos y seguir avanzando”.

En este sentido, Escudero explicó que la reforma “habla de los menores sobre los que la Administración ejerce una tutela efectiva”, para los que se rebaja de nueve a tres meses el plazo en el que se debe probar que no pueden ser repatriados antes de concederles la documentación. Ello no impide que puedan ser devueltos a su país más adelante, siempre que aparezca una familia que los reclama o que se dé una situación que justifique su interés superior.

Los menores marroquíes llegados a Ceuta en mayo y que aún no han sido devueltos a Marruecos tendrían, por tanto, derecho a recibir papeles, puesto que ya han pasado más de tres meses. El problema, según Escudero, es que 700 de ellos permanecen “en una situación de tutela de hecho y no de derecho”, es decir, las autoridades ceutíes “los mantienen como menores en tránsito y no admiten su tutela efectiva”, prosiguió, seguramente “para evitar su regulación”.

Escudero reclamó por ello seguir avanzando en la reforma de la Ley de Extranjería, sin olvidar que “el paso dado ayer sí es importante”.

En la misma línea, advirtió de que el real decreto no va acompañado de los recursos necesarios que aseguren su efectividad”, y reclamó “un aumento del personal en los Cuerpos de Seguridad del Estado y de todas las delegaciones del Gobierno que tendrán que gestionar toda la nueva documentación”. De lo contrario, “el sistema puede verse colapsado de nuevo”, alertó.

Finalmente, Escudero consideró “optimistas” las previsiones del Ministerio de Inclusión sobre que la reforma beneficiará a unos 7.000 jóvenes extutelados entre 18 y 23 años. “Los que están seguros son los 8.000 menores que tenemos en el sistema”, apuntó, “pero los que ya han salido necesitarán ayuda” para afrontar todo este proceso.

“Es muy difícil que vuelvan por sí solos”, alertó, y se preguntó quién se ocupará de su acompañamiento. “Seremos las entidades del Tercer Sector, muchas veces con trabajo voluntario”, apostó, y la reforma no prevé ningún recurso extra en este sentido.