Así lo defendió en un comunicado emitido después de que el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, confirmase este martes que finalmente se implantará el pago por el uso de carreteras a través de un sistema de tarificación para todas las vías de alta capacidad -autovías-, “abriendo la puerta” también a que las comunidades autónomas puedan fijar sus propios precios en las carreteras regionales y de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzara que este pago por uso entrará en funcionamiento a principios de 2024.

La asociación criticó el modelo propuesto por el Gobierno y reiteró que esta medida, “lejos de ser justa, terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo”, quienes, a su entender, “sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública”.

Asimismo, denunció que la solución planteada por el Gobierno consistiría en “un auténtico copago o repago”, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos y reclamó que la financiación de las carreteras estatales se realice a través de los Presupuestos Generales del Estado.

“Mientras que la financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad, de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo, la implantación de este sistema de tarificación en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica”, espetó.

Junto a ello, puntualizó que esta medida también supondría un “claro perjuicio” para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios u hospitales.

TRANSPORTE PÚBLICO

En paralelo, lamentó el planteamiento del Ejecutivo cuando no existe una “apuesta clara” por el fomento del transporte colectivo “eficaz y eficiente”, que represente en la práctica “una auténtica alternativa” al uso del automóvil para los desplazamientos.

Tras recordar que, en su primer anuncio sobre este plan, el Gobierno lo “justificó” aduciendo que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad “no son posibles de asumir de manera directa” por los recursos presupuestarios y en que persigue una minoración de la emisión de gases de efecto invernadero, Facua le instó a que, si el impacto medioambiental “es uno de los motivos”, apueste “firmemente” por un transporte público colectivo con infraestructuras “suficientes” y a un precio “asequible” como “alternativa real” al vehículo privado.