Así se manifestó durante la que previsiblemente será su última comparecencia en el Parlamento ya que Gobierno y oposición pactarán estos días su sustituto.

Fernández Marugán recalcó en el Congreso que la modificación del citado reglamento es una reivindicación “de todos” los responsables de la Oficina del Defensor del Pueblo “de los últimos diez años”, que “han venido pidiendo esta modificación, entre otras cosas para facilitar el tránsito de los menores tutelados a la edad adulta de la manera adecuada”.

En concreto, apuntó que esos menores, “cuando cumplan los 18 puedan formarse e integrase en en nuestra sociedad con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los menores”.

Durante su comparecencia, el Defensor del Pueblo en funciones también se refirió a la crisis humanitaria del pasado mayo en Ceuta tras la “entrada masiva” de cientos de personas como “consecuencia de una actitud negligente” de las autoridades marroquíes, que según Fernández Marugán pusieron en riesgo la integridad física de sus propios ciudadanos y provocó la “angustia” en la población ceutí.

Para el Defensor, esta crisis humanitaria fue abordada “sobre la marcha”. “Desde el primer momento mostré apoyo a todas las gestiones democráticas para que la actuación de Marruecos recibiera el reproche que se merecía”, subrayó.

Fernández Marugán también se hizo eco de varios grupos de migrantes no marroquíes que habían solicitado asilo a través de ONG y de la situación de los menores acogidos en Ceuta. Sobre estos últimos, la preocupación del Defensor se centró en su situación sanitaria, alojamiento de emergencia, la inscripción en el registro de menores no acompañados de la Policía Nacional y la detención de vulnerabilidades de los menores. Todo ello, lamentó Fernández Marugán, no se hizo “con la agilidad deseada”.

En el orden del día también se abordaron otros asuntos, aunque a petición del Grupo Socialista, Unidas Podemos y otros, se retiró del debate la Proposión No de Ley presentada por el Grupo Popular sobre la España vaciada.

ESTADO DE ALARMA

Durante la reunión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo también se ha mantenido otro punto del orden del día, sobre la justificación de constitucionalidad del estado de alarma. Fernández Marugán confesó que había consultado a las mesas del Congreso y del Senado si debía pronunciarse sobre ese asunto.

En este contexto, subrayó que la institución que encabeza es “independiente” y que está preparado para presentar recursos de inconstitucionalidad “si tiene motivos”. “Desde mi criterio el estado de alarma era suficiente. No era necesario llegar al de excepción”, zanjó, remitiendo a lo que aseguró ya hace un año con un documento publicado en la web del Defensor.

Sí que se debatió sobre las quejas y dificultades que ha recibido por parte de los ciudadanos sobre las medidas establecidas por el Gobierno para la vuelta a los centros educativos tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, así como de las acciones que se han realizado o se van a realizar desde la Institución que dirige.

Fernández Marugán lamentó que este curso se hayan relajado algunas medidas sociosanitarias en los centros educativos, aumentándose las ratios de alumnos por aula, por ejemplo. También aseguró que los problemas que se han producido en la oferta de plazas de FP responden a “un problema estructural”, y puso en valor el papel de la FP en la sociedad española, la empleabilidad y la formación a lo largo de la vida.