En un nuevo boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid-19 publicado este lunes, Fedea se refiere a las últimas novedades legislativas como el reciente acuerdo para una ley de vivienda en la que se limitarán los precios del alquiler en zonas consideradas tensionadas y para viviendas en manos de propietarios con más de una decena.

Considera que incluye medidas que “tenderán a agravar los problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler, desincentivando la inversión privada en el sector”.

La fundación también valora las reformas sobre evaluación de políticas públicas para considerarlas positivas y en materia concursal. Respecto a esta última, Fedea destaca que el anteproyecto de ley es “ambicioso” y “con buen criterio, apuesta por potenciar los procedimientos preconcursales, dando un mayor poder de decisión a las partes, en detrimento del juez, que pierde protagonismo y adquiere un papel de carácter arbitral”.

No obstante, señala como “principal carencia” el que “se ha perdido una estupenda oportunidad” para revisar el tratamiento de los créditos públicos, que mantienen sus “anacrónicos privilegios” procedimentales y sustantivos, con excepciones muy acotadas en el caso del procedimiento especial para microempresas.

En materia de pensiones, Fedea critica que “lo que se ha hecho hasta el momento no contribuye precisamente a la sostenibilidad del sistema”, que “parece fiarse” al nuevo factor de equidad intergeneracional, la subida de las bases máximas de cotización o un cambio en el período de cómputo de la pensión inicial.

A juicio de la organización, el ahorro que se puede obtener incentivando la prolongación de la vida laboral “no parece ni de lejos suficiente como para compensar el muy elevado coste de la vuelta a la indexación total de las pensiones a la inflación y de la derogación del llamado factor de sostenibilidad”.

En materia laboral, Fedea subraya que “se mantiene una considerable incertidumbre” sobre medidas como la simplificación de las modalidades de contratación y la regulación de la negociación colectiva y de la subcontratación.

RECUPERACIÓN

En cuanto al seguimiento de los indicadores económicos en esta crisis, Fedea destaca que en el tercer trimestre del año se mantuvo la senda de recuperación iniciada en marzo, “acercándose mucho ya a los niveles de empleo anteriores a la crisis”.

En concreto, según el indicador agregado de Fedea de empleo asalariado efectivo -descontando los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)-, éste aumentó en 2,6 puntos entre junio y septiembre de 2021, hasta los 99,4 que “prácticamente nos devuelve a los niveles de 2019”.

En dicho periodo, el paro se redujo en más de 350.000 personas, la afiliación aumentó en 160.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se redujo hasta casi la mitad, lo que ha hecho que la tasa de desempleo efectivo -teniendo en cuenta los ERTE en este caso- se haya reducido en estos tres meses en 2,5 puntos, hasta el 16,1%. También “tienden a normalizarse” los indicadores de uso del tiempo y los ingresos públicos, de manera que los ingresos como las cotizaciones sociales se sitúan ya por encima de los niveles previos a la pandemia.

Con todo, Fedea recuerda que “la crisis no se puede dar todavía por concluida” y que “genera una cierta incertidumbre sobre el ritmo real de la recuperación la atonía del PIB, que parece estar creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efectivo”.

La fundación valora que se hayan prorrogado los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, aunque ve “poco acertada” que sea una “extensión indiscriminada” sectorialmente y que se mantengan las restricciones al despido.

Del mismo modo, se refiere a los cambios en el decreto de las ayudas directas a pymes para señalar que se siguen planteando “los mismos problemas” y pese a que se permitan cubrir costes fijos, se subordina a devolver deuda con aval público, “lo que en la mayor parte de los casos la hace irrelevante”.

Por último, hace balance de los recursos asignados en el marco del plan de recuperación y calcula que hasta el momento se han empezado a poner en marcha proyectos por importe de 12.000 millones de euros y con cargo a los fondos europeos se han realizado pagos por 4.400 millones.