Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 presentado esta semana en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Este incremento del gasto se debe “a la incorporación a su plantilla de nuevos trabajadores, lo que permitirá reforzar la lucha contra el fraude”.

La Inspección cuenta con 2.861 efectivos contabilizando funcionarios de carrera, personal laboral y otro personal, según consta en el último boletín sobre el personal en las administraciones públicas de enero de 2021.

Este organismo contará con un presupuesto de 198 millones de euros para 2022, lo que supone 22 millones más que en 2021 y un 12,5% más.

La Inspección ha convertido en fijos unos 174.000 contratos temporales en el último año y ha llevado a cabo inspecciones para detectar fraude en el trabajo en el hogar o en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, va a poner en marcha un dispositivo específico para vigilar el cumplimiento de la ‘Ley Rider’, según avanzaron desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social a principios de mes.