La iniciativa indica que la ley debe basarse en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, e incluir un régimen de infracciones y sanciones desde la perspectiva competencial de la región.

Celada, exdirector general de Políticas de Discapacidad del Gobierno central, propondrá la elaboración de una encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia de la población madrileña, que complemente a la desarrollada por el INE y que permita extraer datos e información sobre el perfil social, económico y demográfico de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa parlamentaria, a la que tuvo acceso Servimedia, plantea la creación de una Oficina de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid que “dé repuesta a las preguntas, quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad en la región, que trabaje estrechamente con la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que vigile la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y que informe periódicamente sobre las infracciones y sanciones impuestas”.

En la exposición de motivos se expone que, según la Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, en 2019, 378.212 personas tenían algún tipo de discapacidad superior al 33% y se señala que es una “población heterogénea en cuanto a la edad, al tipo y al porcentaje de discapacidad y al área geográfica. Y a la vez, un grupo vulnerable al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión”.

DERECHOS LIMITADOS

Asimismo, señala que es “una población, y sus familias, cuyos derechos básicos y libertades se encuentran en muchos casos limitados, no pudiendo hacer uso de los bienes, servicios, productos y espacios públicos e impidiendo su desarrollo personal, su participación social y su aportación a una sociedad más abierta, inclusiva y diversa".

"Sin igualdad de oportunidades no existe una vida plena y esta es la situación en la que se encuentran hombres y mujeres con discapacidad que residen en la Comunidad de Madrid”, se destaca en la citada iniciativa.

Para Celada, “estos impedimentos privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por el desarrollo de políticas públicas autonómicas”.

El PSOE cree que las actuaciones con este colectivo "han de basarse en los principios de la inclusión social, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización, el diseño para todos y la participación social, en el que participen las organizaciones y entidades sociales organizadas en torno a la discapacidad”.

Asimismo, considera necesario el “desarrollo de un marco normativo que, junto con un paquete de actuaciones en materia de discapacidad, intervengan en la organización social garantizando los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al resto de la población”.