El informe de 644 páginas repasa varios marcadores relacionados con la igualdad como el salario, la tasa de escolarización, la conciliación, la incidencia en el empleo por la existencia de hijos, la salud, la violencia de género, así como el poder y la toma de decisiones, y ha utilizado el método sueco de las 3R (Representación - Recursos - Realidad) para realizarlo.

“La incorporación de la perspectiva de género en el proceso presupuestario es el instrumento idóneo para incidir en la reducción y supresión de las desigualdades entre mujeres y hombres desde el momento mismo de la concepción de las políticas públicas”, remarca el informe.

En sus conclusiones, el informe señala que la única administración con mayoría relevante de mujeres es la autonómica, mientras que la Administración Pública Estatal pierde el rango de equilibro por la baja presencia de mujeres en dos ámbitos mayoritariamente compuestos por hombres: las Fuerzas Armadas, en el que las mujeres representan el 12,8% de los efectivos; y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que las mujeres representan el 11,4%.

Otra de las conclusiones del estudio es “la elevada proporción de mujeres que solicitan una excedencia o una jornada reducida, vinculadas ambas a cuidados familiares, que está muy por encima de la proporción que supone la mujer en cada colectivo" en la Administración Pública. La piden tres veces más las mujeres que los hombres.

El informe dice también que la adición de los importes de los programas sensibles al género supone 328.480 millones de euros en los PGE.