El origen de la polémica es una iniciativa “presentada en el Congreso de los Diputados por 14 sanitarios que pide derogar la Ley de Formas de Gestión y revertir los conciertos e ignora criterios objetivos que miden la eficacia de la cooperación en salud”, sanitarios que, según ASPE, están relacionados con UP.

Para Rus, es una iniciativa popular que “carece de un mínimo análisis objetivo de lo que aporta nuestra provisión sanitaria al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Más aún en el momento que atravesamos, de alarmante incremento de las listas de espera provocado por el virus”.

“Los conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros privados contribuyen de manera significativa, tal como quedaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986, a desahogar listas de espera, a campañas de atención médica puntual, concesiones administrativas de determinados complejos sanitarios o al propio sistema de mutualidades de funcionarios”, sostiene ASPE en un comunicado.

“Cualquier ataque sustentado únicamente en base ideológica contra la convivencia y la colaboración complementaria entre ambas partes del SNS, recogido en la Ley General de Sanidad, es completamente inexplicable y tiene como perjuicio último un daño a la atención sanitaria del conjunto de la sociedad”, concluye ASPE.