El fiscal Manuel Campoy lo manifiesta así en un escrito en el que se pronuncia a favor de recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden que dictó el pasado mes de agosto el ministerio con el objetivo de entregar a Marruecos a los menores.

El escrito está fechado el pasado 17 de septiembre y dice textualmente que “las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados, que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, son nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Así, el fiscal Campoy destaca que las devoluciones se han realizado por la “vía de hecho” saltándose el procedimiento establecido para la repatriación de menores y vulnerando "garantías esenciales" de los mismos. Así, la Administración ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por no haber comunicado a los niños de menara “personal” su situación y los trámites que se estaban realizando, privándoles de este modo una posible revisión judicial de los actos administrativos.

Además, tampoco existen "los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal".

Señala también el fiscal Campoy que en los expedientes de repatriación no se incluye una "resolución final de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, que debe ser notificada al menor, su representante, tutor y al Ministerio Fiscal, poniendo fin a la vía administrativa".

Por eso, el Ministerio Público se muestra a favor de admitir a trámite el recurso y de que la causa sea remitida a los juzgados de Ceuta, dado que las competencias sobre Inmigración corresponden a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.