La consejera, que expuso en la sede parlamentaria de Vallecas las líneas maestras de su departamento para los próximos meses, señaló que en el plano normativo se incluyen dos iniciativas legislativas: el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que remplazará el texto de 2003 y cuyo borrador está pendiente de informe antes de su tramitación parlamentaria; y el Proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que actualizará la ley de 1995.

“Este texto recogerá la apuesta inequívoca de este Gobierno por promover y potenciar el acogimiento familiar de los menores tutelados, entendiendo que un entorno afectivo estable contribuye al mejor desarrollo, formación y a la plena integración social”, manifestó.

Además, aseguró que la Comunidad de Madrid está reforzando todas las actuaciones orientadas a mejorar los cuidados y la atención especializada que presta a las personas más vulnerables de la región, a través de medidas como el incremento de coordinación y la aportación financiera a la red de servicios sociales.

Dancausa señaló que el fomento y protección de la natalidad será otro de los ejes fundamentales de la presente legislatura y afirmó que en 2022 comenzará a funcionar la ayuda de 14.500 euros por hijo para las madres menores de 30 años y con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales previstas en el Plan de Natalidad anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura.

Indicó que también se mantiene la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que asisten a mujeres embarazadas y madres con hijos menores de tres años que carecen de recursos.

En lo que se refiere a la atención al mayor, Dancausa habló de la necesidad de cambiar el modelo de atención residencial, algo en lo que se trabaja a nivel nacional junto al Imserso.

También recordó la aprobación del nuevo acuerdo marco que mejora las condiciones de contratación de plazas en residencias de mayores, ampliando el número de profesionales por usuario, mejorando su alimentación e implantando planes individuales de atención.

En este asunto, la consejera lamentó el incumplimiento del Gobierno de España respecto a la financiación del sistema de la Dependencia.

De hecho, añadió, pese a que la ley establece que la cobertura de este servicio debe financiarse al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente, la aportación estatal anual no llega al 15% de esa cantidad.

Otros proyectos para esta legislatura son la creación de viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual autónomas y la reducción del número de personas sin hogar.

Aseguró que antes de fin de año se habilitarán 60 nuevas plazas para personas vulnerables que carecen de residencia y añadió que se trabaja en el impulso del modelo Housing first, en el que además de una vivienda se proporciona apoyo social a estas personas para su adaptación.