En su escrito, la Fiscalía pide que revoque la absolución de Carrasco, dictada por un juzgado de lo penal de Barcelona y después confirmada por la Audiencia de Barcelona, y que se la condene a una pena de siete meses de cárcel por un delito de incitación a los desórdenes públicos. Este delito fue introducido en el Código Penal en la reforma de 2015 y hasta el momento no existe jurisprudencia, por lo que esta sería la primera vez que se pronunciara sobre ello el Supremo.

La joven fue detenida en Viladecans (Barcelona) acusada de un delito de terrorismo que se investiga en la Audiencia Nacional. Finalmente, se la juzgó por incitación a los desórdenes públicos en un juzgado de Barcelona.

La infracción se basaba en el envío de un audio de WhatsApp en el que animaba a un grupo a ocupar el puerto de Barcelona, el aeropuerto o Mercabarna en el marco de las protestas por las condenas a los líderes del ‘procés’. Esas movilizaciones no se llegaron a consumar.

Carrasco fue absuelta porque la jueza entendió que el mensaje a un grupo de amigos no se puede entender como un llamamiento público, pero la Fiscalía sostiene que se trata de un “potencial canal de distribución a gran escala”, con independencia del número de miembros del grupo al que el mensaje fue enviado.

El Ministerio Público critica la decisión de la jueza por entender que revela un desconocimiento de la realidad social de Cataluña en ese momento y destaca que las movilizaciones se convocaban vía mensajes de Whatapp y considera que el mensaje de la joven es relevante porque generó "gran peligro, debido a que era el punto de partida en el proceso hacia la violencia real".