La suspensión de las reglas fiscales fue una medida que la Comisión Europea ya permitió en 2020 y 2021, al activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que liberó a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y permitió un mayor gasto público con el que hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas.

Así, el Congreso de los Diputados ya aprobó en octubre de 2020 la suspensión de estas reglas para ese ejercicio y el presente, lo que permitió al Gobierno de coalición elevar para 2021 en un 53,7% el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, y pasar de un déficit público que en 2019 había cerrado en el 2,8% del PIB, a uno cercano al 11% en 2020 y que en 2021 espera cerrar en el 8,4%.

En aquella ocasión, el resultado de la votación fue de 208 votos a favor, 1 voto en contra y 138 abstenciones, por lo que la previsión es que en esta ocasión la medida también cuente con los apoyos necesarios para ser aprobada.

De esta manera, la suspensión de las reglas fiscales para 2022 permitirá al Ejecutivo utilizar el ‘techo de gasto’ aprobado el pasado julio por el Consejo de Ministros, que lo situó en 196.142 millones de euros, tan solo un 0,023% más respecto al de 2021, al contar con 45 millones de euros más. Este gasto será sobre el que el Gobierno elaborará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, cuyo proyecto se encuentran negociando PSOE y Unidas Podemos y que será presentado en la Cámara Baja a finales de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria.

En cuanto al déficit público, la previsión del Ejecutivo es que al cierre de 2022 baje al 5%. Por administración, la estimación es que el déficit de la administración central será de 3,9 puntos, mientras el de las comunidades autónomas se situará en los 0,6 puntos y el de la Seguridad Social en 0,5 puntos, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

CLÁUSULA DE ESCAPE

Durante el debate de mañana lunes, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, trasladará a la Cámara Baja la apreciación de que “España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria”, como argumento para poder activar la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución y el 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que permite la suspensión de las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

En concreto, ambos artículos establecen que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

En una entrevista con Servimedia, esta semana, la ministra Montero, fue preguntada por hasta cuándo mantendrá Bruselas la suspensión de las reglas fiscales, e indicó que la posición de España es que “hay que ser muy cuidadosos con la retirada de los estímulos que nos están permitiendo dar una respuesta distinta en esta crisis”. En esta línea, subrayó que “el aprendizaje de la crisis anterior afortunadamente no ha sido solo nacional sino europeo”, con una respuesta “sustancialmente distinta a la del periodo anterior”.

Por ello, indicó que “lo que nosotros pedimos a Europa es que no se provoque una retirada prematura de esos estímulos ni por parte del Banco Central Europeo ni por parte de que las exigencias de las autoridades europeas lastren la recuperación económica como ocurrió durante los gobiernos anteriores, en los que muchas veces el recorte del gasto público lo que provocó fue una profundización en la crisis”.

“Nosotros vamos a trabajar como siempre, siendo muy disciplinados con los acuerdos a los que se llegue en Europa”, afirmó Montero, que apuntó que “hasta que no se vaya acercando el momento de decisión y se constate si el crecimiento de la zona euro es robusto, no va a tomar una decisión” sobre la reactivación de las normas fiscales en 2023. En cualquier caso, señaló que “han venido anticipando que su tendencia es que se recuperen esas normas fiscales para 2023”, mientras que “por nuestra parte creemos que se tienen que prolongar todo el tiempo que sea necesario para que esa recuperación la podamos dar por finalizada”.